El Congreso de los Diputados aprueba las leyes del Voluntariado y del Tercer Sector

El Pleno del Congreso de los Diputados acaba de dar el visto bueno definitivo a la Ley del Tercer Sector y a la Ley de Voluntariado, dos proyectos que, según el Gobierno, consolidan el papel del tejido asociativo en España y garantizarán la labor de los voluntarios y las entidades en España.

Las leyes, además, regulan aspectos como el acceso al voluntariado, que se limita para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos, en especial los que tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres.

Acceso al voluntariado
Con el nuevo texto, que introduce los 12 años como la edad mínima para ser voluntario, se pretende garantizar la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas dependientes en las condiciones acordes a sus circunstancias y determinar que no podrá incurrirse en prácticas discriminatorias por identidad y orientación sexual.

Por otro lado, la Administración asegura que este nuevo marco favorecerá a los trabajadores que adapten o reduzcan su jornada para la ejecución de actividades de voluntariado, y las empresas y las universidades se convierten en nuevos actores.
En el caso de las universidades, la Ley indica que podrán desarrollar fórmulas de reconocimiento académico de dichas acciones. Además, se recoge expresamente que la acción voluntaria nunca podrá ser causa de la extinción de un contrato ni de la disminución de un servicio.

Asimismo, la Ley establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias: social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil, que es el que se derivaría, por ejemplo, de una emergencia o catástrofe natural. Se añade el voluntariado paralímpico dentro de la categoría deportiva y el de la protección de animales dentro de la ambiental.

Diseño de políticas sociales
En relación a la nueva Ley del Tercer Sector, el proyecto se sustentará en tres pilares fundamentales: reforzar su capacidad como interlocutor de la Administración General del Estado, definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito y configurar un nuevo marco jurídico.

Este nuevo marco jurídico, según el Gobierno, fortalece el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro como interlocutores del Estado en el diseño de las políticas sociales. De esta manera, el papel del Tercer Sector se canaliza por dos órganos: el Consejo estatal de las ONG de acción social y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.

En lo referente a la sostenibilidad, las entidades disfrutarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos con carácter general en el régimen de incentivos y se adecuarán los sistemas de financiación pública manteniendo la estabilidad presupuestaria.

Otra de las mejoras que introduce el proyecto consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, para lo que se distribuyen las competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades. En este sentido, avanza también la Ley del Voluntariado, pues favorece la coordinación entre las Administraciones estatal, autonómica y local, y de estas con las propias entidades.

España es el sexto país de la UE en participación de voluntarios habida cuenta del incremento que la implicación social de los ciudadanos ha experimentado durante los últimos años, aumento mayor al registrado por la media europea. España cuenta con alrededor de seis millones de voluntarios, un 15% de la población, y con unas 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2% del PIB y da empleo a prácticamente 636.000 personas.

Según el Gobierno, estos datos ilustran la importancia de las nuevas leyes, que vienen, además, a reforzar el estatus jurídico y los derechos de las organizaciones de las personas que dedican parte de su tiempo al voluntariado y de las personas destinatarias de la acción voluntaria. Los proyectos de ley que se aprobaron el 1 de octubre en las Cortes pretende ser una muestra más del diálogo permanente del Gobierno con las organizaciones y su redacción es resultado de los cauces abiertos de participación.