El Consello Galego para la supresión de barreras informa favorablemente del anteproyecto de Ley de accesibilidad

El Consello Galego para la promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras – formado por representantes de varios departamentos de la Xunta, de entidades de discapacidad, de ayuntamientos y del Colegio Oficial de Arquitectos- mantuvo hoy una reunión con el objetivo de evaluar el nuevo anteproyecto de la Ley de accesibilidad. Tras la reunión, que fue presidida por la conselleira de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, el organismo emitió un informe favorable sobre esta normativa.

De este modo, se completa uno de los últimos trámites de este anteproyecto, tras su exposición pública para alegaciones y antes de ser aprobado por el Consello de la Xunta y enviado al Parlamento para su tramitación en este período de sesiones.

Este texto, que ya fue conocido en septiembre como informe por el Consello del Gobierno gallego, tiene como principal objetivo actualizar y unificar la normativa que existe actualmente en esta materia, con el fin último de impulsar una sociedad inclusiva que garantice la autonomía de las personas con discapacidad y favorezca la igualdad de oportunidades.

La necesidad de esta nueva normativa se deriva de dos factores fundamentales: que el anterior texto fue publicado en 1997, fecha desde la que se produjeron cambios importantes, como la sociedad de la información; y que en este tiempo surgieron distintas normas a nivel estatal que es preciso unificar.

Por lo tanto, la nueva norma parte de un enfoque más global, porque ya no se centra tan sólo en la eliminación de barreras arquitectónicas. Con la nueva normativa se busca que la accesibilidad sea universal y que se convierta en un diseño para todos. Es decir, que incluye, por ejemplo, el concepto de accesibilidad en el ámbito de la comunicación con el fin de superar también barreras que son menos visibles.

Ya en lo que se refiere a aspectos más concretos, cabe destacar algunas novedades que incorpora este proyecto. Entre ellas, el texto establecerá que el número de plazas de estacionamiento reservado para vehículos que transporten personas con movilidad reducida no se verá afectado por las políticas restrictivas del aparcamiento que se puedan llevar a cabo a cabo para fomentar la movilidad sostenible. También se incrementará el porcentaje de reserva de viviendas adaptadas, en el caso de la promoción pública, del 3 al 4 por ciento.

En cuanto al régimen sancionador, este será el más riguroso que permite la ley estatal con el fin de frenar comportamientos discriminatorios y para favorecer la igualdad de oportunidades.