Las administraciones están obligadas a implementar la normativa de accesibilidad de webs y apps del sector público

• Así lo ha puesto de relieve la profesora de la Universidad de Granada Esperanza Alcaín, autora junto a la doctoranda María Asunción Arrufat de una guía práctica sobre la aplicación de la legislación en materia de accesibilidad de webs y aplicaciones móviles del sector público.

La profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, Esperanza Alcaín, señalaban el pasado lunes que “las administraciones no solo están obligadas a implementar la normativa en materia de accesibilidad de webs y aplicaciones móviles del sector público, sino que también tienen que exigir su cumplimiento a toda la sociedad”.

Así se ha manifestado esta experta durante la presentación de una guía jurídica y técnica de orientación para el cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, con el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de webs y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, que incluye la Administración General del Estado, administraciones autonómicas y locales, las entidades públicas y privadas dependientes de ellas, las universidades públicas, la Administración de Justicia, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Banco de España, entre otros.

La obra ha sido publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y por la Fundación Derecho y Discapacidad y ha sido elaborada por la profesora Esperanza Alcaín y por María Asunción Arrufat, doctoranda en la Universidad de Granada y especialista en accesibilidad universal. El acto de presentación fue en la sede de Servimedia, y ha contado con la participación, además de las autoras de la guía, del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y del director del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, (CTI), Guillermo Hermida. El encuentro ha sido conducido por el director general de la agencia de noticias, José Manuel González Huesa.

La profesora Esperanza Alcaín ha explicado que se planteó elaborar la guía para facilitar el cumplimiento de la legislación, “facilitando así que se puedan cumplir los plazos, porque no solo contiene información jurídica, sino también criterios técnicos para que las webs y apps sean accesibles”. Además, ha reclamado que se dé formación a los trabajadores de todas las administraciones para que se conozca la normativa y que de este modo se pueda cumplir la accesibilidad de las webs y tecnologías.

María Asunción Arrufat ha destacado como uno de los avances más importantes de la legislación el hecho de que las administraciones estén obligadas a poner en marcha un canal a través del cual las personas con discapacidad puedan solicitar información sobre sus criterios de accesibilidad [3], pedir material accesible o plantear quejas y sugerencias sobre accesibilidad de las webs. “Las personas con discapacidad necesitan la accesibilidad, y eso es algo que se tiene que garantizar. Esta guía es cercana y sencilla para aplicarse”, ha añadido Arrufat.

“Muerte social” si la accesibilidad de las webs y de las tecnologías no se cumple

Por su parte, el presidente del CERMI ha comentado que “la transformación digital es profundamente liberadora y emancipadora para las personas con discapacidad, pero para ello, tiene que estar concebida y aplicada en clave de accesibilidad universal”, puesto que de lo contrario, aumenta la brecha digital, consiguiendo el efecto contrario. “En cierta manera, la exclusión de las nuevas tecnologías es la muerte social para las personas con discapacidad, porque se nos priva de un bien fundamental en la sociedad, tanto en el presente como en el futuro”, ha aseverado.

En su opinión, la normativa actual introduce avances importantes, “pese a que queda camino por recorrer”. Entre estos aspectos positivos se encuentra el hecho de que por primera vez se extiendan las obligaciones a las aplicaciones móviles, algo que solo afectaba antes a las páginas webs y a las redes sociales. Asimismo, subraya que con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, las administraciones ya no podrán contratar servicios que no sean accesibles. Ahora, según ha expuesto Pérez Bueno, se debe exigir que se cumplan los plazos “y cuando se vulneren los derechos, las personas con discapacidad, las familias y las organizaciones pueden denunciar”.

Por último, el director del CTI ha hecho también hincapié en la relevancia de que las apps móviles también estén incluidas en las obligaciones legales, porque según ha indicado, cada vez más operaciones se realizan a través de dispositivos móviles. A su juicio, se debe garantizar la accesibilidad de todas las opciones, para que las personas con discapacidad también puedan elegir libremente cómo quieren conectarse en cada momento.

Guillermo Hermida ha hecho un llamamiento para que cuando se cree una web o una app se tenga en cuenta desde el principio el diseño para todas las personas. “Hay que acabar con mitos como que la accesibilidad [4] es cara, porque cuando se hace desde el comienzo, no es así. Lo caro es hacer una web no accesible y luego rehacerla para incluir criterios de accesibilidad”, ha concluido.