Las aplicaciones móviles de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad

Las aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad, una vez se aplique el real decreto de accesibilidad a páginas de internet y aplicaciones móviles públicas que a propuesta del ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha aprobado el Consejo de Ministros.

Con esa nueva norma reglamentaria, derivada de la transposición de una Directiva de la Unión Europea del año 2016, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público.

Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad digital en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado en los últimos años.

A tenor de la nueva regulación, los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las entidades obligadas “deberán ser accesibles para sus usuarios y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos”. Además “la accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles”.

El Comités Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado activamente estos últimos meses en la redacción de la norma reglamentaria a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones, desarrollado con la Secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha sido el centro directivo gubernamental promotor de este real decreto.

Con la adopción de este real decreto, España culmina el proceso de transposición de la Directiva europea, para la que tenía un plazo que expiraba el próximo 26 de septiembre.