La contratación pública de productos y servicios TIC accesibles movió más de 10.600 millones entre 2011 y 2015

• El sexto volumen de la Colección CENTAC se presentará el 20 de abril en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital

Las compras públicas relacionadas con productos y servicios TIC movieron más de 10.600 millones de euros entre 2011 y 2015, y representan el 58% de las licitaciones de tecnologías de la información y la comunicación, según se indica en el sexto volumen de la Colección CENTAC, dedicado a analizar las compras TIC relacionadas con la accesibilidad en la contratación pública española.

El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) presentará este volumen el próximo 20 de abril, en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.

El informe se ha elaborado con el objetivo de servir de instrumento para ayudar a licitadores y a empresas licitantes a garantizar que los productos y servicios TIC que compren las Administraciones Públicas, y cuyos destinatarios son personas físicas, sean accesibles para todas las personas.

El Volumen 6 de la Colección CENTAC ofrece datos sobre las compras públicas relacionadas con la accesibilidad de los productos y servicios TIC en el período comprendido entre 2011 y 2015. Este informe señala también que el importe medio por licitación TIC accesible fue de 840.000 euros, ligeramente superior a los 780.000 euros de la media del total de licitaciones TIC.

El volumen 6 de la Colección CENTAC ofrece una visión general sobre qué leyes, directivas y normas es necesario que administraciones y proveedores conozcan para que los productos y servicios TIC que liciten contemplen la accesibilidad, tales como la Directiva 2014/24/UE o el Proyecto de Ley de Contratos del Sector público entre otros.

Además, analiza dos directivas europeas que tendrán una gran importancia futura en este ámbito: la Directiva 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público; y la propuesta de directiva sobre requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, también conocida como “Acta Europea de Accesibilidad”.