Reflexionan sobre el acceso de las personas mayores a la administración sanitaria electrónica

El creciente desarrollo de la administración sanitaria electrónica puede llegar a provocar una discriminación indirecta contra un grupo cada vez mayor de la población, el de las personas mayores de 65 años. Estos argumentos forman parte de la comunicación con la que el investigador del grupo de Análisis Jurídico-Económica Miguel Vieito Villar acaba de ganar el primer premio a la mejor comunicación para investigadores jóvenes en el XXI Congreso de la Asociación Mundial de Derecho Sanitario celebrado en Coímbra con la presencia de 200 expertos de todo el mundo.

El conjunto de personas mayores de 65 años representa más de ocho millones en toda España y alrededor de 655.000 en toda Galicia, comunidad autónoma en la que el porcentaje de mayores con respeto al conjunto de la población es del 24,26 por ciento, frente al 19,5% del resto de España. Miguel Vieito apunta en este sentido, que se trata de un colectivo al que algunos estudios sociológicos califican como no experto en el uso de nuevas tecnologías. Se trata de una parte de la población no familiarizada con el uso de Internet o incluso de muchas herramientas electrónicas. Además, añade el investigador en su trabajo, este es el grupo de la población española con un nivel educativo más bajo, al haber coincidido con la época de la posguerra.

A partir del análisis de textos de bioética y de derecho sanitario tanto nacionales como internacionales, el investigador concluye que el desarrollo de la gestión electrónica en el ámbito sanitario y las noticias políticas en este campo deben acompañarse de la potenciación y mantenimiento de métodos tradicionales de acceso tanto a los registros como a los procedimientos (quejas, acceso a los comités de ética o programas de seguimiento para enfermedades crónicas), así como de formación y programas de entrenamiento para personas mayores o mediadores que facilitan su acceso al mundo digital.

Miguel Vieito, sin olvidar el valor añadido que acerca la administración electrónica en el campo sanitario, llama la atención sobre la necesidad de hacerla compatible con los principios recogidos en diferentes convenciones, tratados y leyes tanto nacionales como internacionales que buscan configurar un sistema en el que la información proporcionada al paciente deberá ser adecuada, apropiada y transmitida de una manera comprensible a la vista de su capacidad para entenderlo.