La Xunta trabaja en una nueva estrategia de atención a las personas con discapacidad

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda destacó que a la atención a las personas con discapacidad no es sólo un objetivo concreto del Gobierno gallego, sino que me la fuere parte del proyecto global de la Xunta. Lo hizo durante la clausura del Curso de Verano de la UNED sobre “Igualdad, Justicia y Discapacidad”.

En ese sentido, el vicepresidente recordó que el Gobierno ven de evaluar en el Consello da Xunta el documento inicial de la Estratexia Galega da Discapacidade, que será la hoja de ruta para los próximos cinco años y que se abre ahora a la participación ciudadana.

Además, en marzo de este año entró en vigor a Ley de Accesibilidade de Galicia, que modernizó una normativa de veinte años de antigüedad que no se adaptaba a las nuevas necesidades del colectivo. En estos momentos, se está avanzando en la elaboración de su oportuno reglamento para que el texto pueda ser aprobado antes de que remate la legislatura.

Siguiendo con las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno gallego nos últimos años en esta materia, Rueda subrayó que se han implantado mejoras tecnológicas en la administración para que, por ejemplo, las personas sordas puedan acceder a los teléfonos de emergencias e información, y destacó el cambio en el reglamento impulsado por la Xunta para incluir la gratuidad de los servicios de comedores escolares para los niños y niñas con discapacidad.

La atención de la administración también se centra de manera muy destacada en las situaciones de desigualdad con las se encuentra el colectivo de personas discapacitadas por razón de género. Por eso las mujeres con discapacidad tienen un papel protagonista en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres y reciben una atención psicológica específica.

Ya para finalizar, Rueda señaló que el Gobierno ha demostrado su compromiso con este colectivo, no sólo con las reformas impulsadas en su producción normativa sino también con el diseño de unos presupuestos, que crecieron hasta consolidarse en los 100 millones de euros anuales para políticas en beneficio de las personas con discapacidad.